miércoles, 11 de julio de 2012

UNA NUEVA POLÍTICA FORESTAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


La Comunitat Valenciana, por sus peculiaridades climáticas y orográficas, pero también por los modelos económicos que se han venido desarrollando en ella en el último medio siglo, es un territorio especialmente expuesto a los incendios forestales. Por ello, la inversión en prevención, gestión, lucha directa e indirecta y regeneración ha de ser, por encima de las circunstancias socioeconómicas concretas, una prioridad absoluta para el gobierno valenciano.

Los incendios catástroficos, sin precedentes en su magnitud en los últimos veinte años, que se están padeciendo desde finales de junio en los montes valencianos, prueban, más allá de las circunstancias particulares -difíciles en lo meteorológico, pero en absoluto anómalas o extraordinarias-, el fracaso del modelo actual de gestión forestal y de agricultura de interior, y el efecto terrible que los recortes presupuestarios están teniendo en la lucha, preventiva y directa, contra los incendios forestales.

Por ello, exigimos de su gobierno, de manera inmediata, la revocación de esos recortes y el establecimiento de líneas urgentes de ayuda a los particulares y municipios afectados por las catástrofes forestales. Las dudas sobre el modo en que se están llevando a cabo las tareas de extinción de los incendios declarados, expresadas por los vecinos de los municipios afectados, requiere además la depuración de responsabilidades entre los cargos competentes, empezando por el Conseller de Gobernación. Y más allá de todo ello, es exigencia ciudadana la abertura de un debate político y social que permita implementar una nueva política forestal en la Comunitat Valenciana; un debate que debe estar abierto a la participación de todos los sectores implicados: corporaciones locales, propietarios forestales y agrícolas, departamentos universitarios relacionados con la investigación en medio ambiente, empresas de gestion medioambiental, colectivos de defensa del medio ambiente, centros de estudios comarcales y locales, representantes de los trabajadores en el sector forestal, centros excursionistas, y en general, todos aquellos colectivos y particulares que manifiesten sensibilidad ante la cuestión.

El pacto social que se exige debe superar los particularismos y el juego político partidista, pues supone el desarrolllo de nuevos modelos de gestión ambiental y económica de las áreas rurales de la Comunitat Valenciana, abocadas durante décadas a la descomposición de su tejido productivo, basado tradicionalmente en los aprovechamientos forestales y agrarios, en favor de un terciarización económica de bajo nivel que las hace económicamente dependientes y socialmente deprimidas.

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